Otro fracaso en el régimen lingüístico de la patente de la UE
El pasado 10 de noviembre tuvo lugar en Bruselas una sesión especial del Consejo de Competitividad, bajo presidencia del Ministro Belga de Empresa y Simplificación Administrativa, Vincent Van Quickenborne, para encontrar una solución de compromiso al régimen lingüístico de la futura patente europea. Al finalizar dicha sesión Van Quickenborne afirmó: "Ahora las cosas están claras, no será posible la unanimidad". España e Italia opinan que el régimen propuesto es discriminatorio, a pesar de las flexibilidades sugeridas por la Presidencia Belga. Este se basa en los tres idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes (OEP), inglés, francés y alemán.
A pesar de sus esfuerzos, Vincent Van Quickenborne lamentó que no se ha alcanzado el requisito de la unanimidad por un pequeño margen. En su opinión, este fracaso hipoteca aún más el nacimiento de la patente de la UE, que se aplicaría en todos los Estados miembros, a través de un procedimiento único de solicitud, menos costoso que en la actual patente Europea. El objetivo es crear un sistema más económico y que se espera desde hace mucho tiempo por las empresas europeas.
La Comisión propuso el pasado 30 de junio un reglamento relativo al régimen lingüístico de las patentes: se propuso limitar el registro de esta patente en una de las tres lenguas de la OEP y la presentación de un resumen del dispositivo central (las reivindicaciones) traducida a las otras dos. España e Italia se oponen fuertemente a esta solución que penaliza a su sistema industrial basado principalmente en las PYMEs que no son capaces de traducir estas patentes en otros idiomas. Polonia y Portugal también han manifestado su reticencia, pero ambos países estarían dispuestos a aceptar el compromiso de la presidencia belga.
Compromiso de la Presidencia
Bélgica había elaborado varias propuestas de compromiso. Por ejemplo, sugirió el reembolso de los gastos de traducción para los solicitantes de los Estados miembros que tengan un idioma distinto de los tres reconocidos por la OEP, y poner a disposición una traducción automática de calidad para cada uno de estos otros idiomas, y mientras ello no fuese posible, se establecería un período transitorio (sin especificar la duración) durante el cual se facilitaría una traducción al inglés, con fines informativos, solo cuando el solicitante de registro eligiese el francés o el alemán.
La Presidencia Belga abogó por la unicidad del proceso de registro con dos opciones: una patente estándar y una futura patente europea. La Presidencia también insertó garantías legales para proteger los derechos de las empresas que actuaron de buena fe en la falta de traducción a su idioma nacional, y formalizó la falta de precedentes sobre la cuestión de la traducción. Señaló además que la protección de patentes no intervendría hasta que exista disponibilidad de traducciones automáticas fiables. Concretamente se ha ampliado la propuesta inicial de la opción de añadir una traducción, a título informativo, en otra de las 20 lenguas de la UE cuando se seleccione el inglés.
Bloqueo español
Si la Comisión apoyo este compromiso por una amplia mayoría de Estados miembros, España ha mantenido su oposición a cualquier sistema basado en el de la OEP. Diego López Garrido, Secretario de Estado para la UE, argumentó que la "no-discriminación lingüística es esencial para la patente comunitaria y la competitividad de las empresas en la UE". Además, reivindicó el valor jurídico de las traducciones al inglés durante el período transitorio, y la revisión de estas disposiciones en vistas de una posible ampliación. La Comisión, y sobretodo Berlín, París y Londres, han rechazado estos dos puntos. La revisión del período de transición ha sido el punto principal que ha acabado estancando el proceso. Polonia, Italia y Eslovaquia se han unido a España por estimar imposible no volver a negociar la posible ampliación del período transitorio.
Cooperación reforzada
En caso de no haber unanimidad, Van Quickenborne comentó que se tendrán que explorar otras vías que ofrecen el Tratado de Lisboa, refiriéndose al mecanismo de cooperación reforzada, que permite un mínimo de nueve Estados miembros para determinar las normas comunes sobre un tema determinado.
El 8 de noviembre, el Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda escribieron a la Comisión para pedirle que considere esta opción para que no se demore el progreso hacia una Europa más innovadora. Los Veintisiete tienen dos citas más para determinar cómo salir de este bloqueo: el Consejo de Competitividad del 26 de noviembre y del 10 de diciembre, siendo este último el más probable, ya que el Consejo de noviembre no tratará sobre el mercado interior.
A pesar de sus esfuerzos, Vincent Van Quickenborne lamentó que no se ha alcanzado el requisito de la unanimidad por un pequeño margen. En su opinión, este fracaso hipoteca aún más el nacimiento de la patente de la UE, que se aplicaría en todos los Estados miembros, a través de un procedimiento único de solicitud, menos costoso que en la actual patente Europea. El objetivo es crear un sistema más económico y que se espera desde hace mucho tiempo por las empresas europeas.
La Comisión propuso el pasado 30 de junio un reglamento relativo al régimen lingüístico de las patentes: se propuso limitar el registro de esta patente en una de las tres lenguas de la OEP y la presentación de un resumen del dispositivo central (las reivindicaciones) traducida a las otras dos. España e Italia se oponen fuertemente a esta solución que penaliza a su sistema industrial basado principalmente en las PYMEs que no son capaces de traducir estas patentes en otros idiomas. Polonia y Portugal también han manifestado su reticencia, pero ambos países estarían dispuestos a aceptar el compromiso de la presidencia belga.
Compromiso de la Presidencia
Bélgica había elaborado varias propuestas de compromiso. Por ejemplo, sugirió el reembolso de los gastos de traducción para los solicitantes de los Estados miembros que tengan un idioma distinto de los tres reconocidos por la OEP, y poner a disposición una traducción automática de calidad para cada uno de estos otros idiomas, y mientras ello no fuese posible, se establecería un período transitorio (sin especificar la duración) durante el cual se facilitaría una traducción al inglés, con fines informativos, solo cuando el solicitante de registro eligiese el francés o el alemán.
La Presidencia Belga abogó por la unicidad del proceso de registro con dos opciones: una patente estándar y una futura patente europea. La Presidencia también insertó garantías legales para proteger los derechos de las empresas que actuaron de buena fe en la falta de traducción a su idioma nacional, y formalizó la falta de precedentes sobre la cuestión de la traducción. Señaló además que la protección de patentes no intervendría hasta que exista disponibilidad de traducciones automáticas fiables. Concretamente se ha ampliado la propuesta inicial de la opción de añadir una traducción, a título informativo, en otra de las 20 lenguas de la UE cuando se seleccione el inglés.
Bloqueo español
Si la Comisión apoyo este compromiso por una amplia mayoría de Estados miembros, España ha mantenido su oposición a cualquier sistema basado en el de la OEP. Diego López Garrido, Secretario de Estado para la UE, argumentó que la "no-discriminación lingüística es esencial para la patente comunitaria y la competitividad de las empresas en la UE". Además, reivindicó el valor jurídico de las traducciones al inglés durante el período transitorio, y la revisión de estas disposiciones en vistas de una posible ampliación. La Comisión, y sobretodo Berlín, París y Londres, han rechazado estos dos puntos. La revisión del período de transición ha sido el punto principal que ha acabado estancando el proceso. Polonia, Italia y Eslovaquia se han unido a España por estimar imposible no volver a negociar la posible ampliación del período transitorio.
Cooperación reforzada
En caso de no haber unanimidad, Van Quickenborne comentó que se tendrán que explorar otras vías que ofrecen el Tratado de Lisboa, refiriéndose al mecanismo de cooperación reforzada, que permite un mínimo de nueve Estados miembros para determinar las normas comunes sobre un tema determinado.
El 8 de noviembre, el Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda escribieron a la Comisión para pedirle que considere esta opción para que no se demore el progreso hacia una Europa más innovadora. Los Veintisiete tienen dos citas más para determinar cómo salir de este bloqueo: el Consejo de Competitividad del 26 de noviembre y del 10 de diciembre, siendo este último el más probable, ya que el Consejo de noviembre no tratará sobre el mercado interior.
